Corea del Sur: la fiscalía pierde su poder de investigar, de 6 a 0

El último poder de los fiscales para investigar personalmente un caso tras recibirlo de la policía está a punto de superar su obstáculo final en el Parlamento — esto es, en cifras, lo que esta reforma cambia de verdad y lo que no.

Qué ha pasado

Un proyecto de ley que abole el "poder de investigación complementaria" de los fiscales supera su último obstáculo en la Asamblea Nacional de Corea del Sur. El gobernante Partido Democrático llevó el texto al pleno la tarde del 30 de julio, y la oposición —el Partido del Poder Popular y el Partido de la Reforma— lanzó de inmediato un filibustero (debate sin límite de tiempo). Según el reglamento parlamentario, un filibustero puede forzarse a terminar 24 horas después de iniciado con el consentimiento de tres quintas partes de los legisladores en ejercicio, por lo que se esperaba la votación y aprobación en la tarde del 31 de julio.

El núcleo del proyecto es sencillo. Hasta ahora, un fiscal que recibía un caso de la policía podía realizar personalmente una investigación adicional ("complementaria"). Ese poder desaparece; los fiscales solo conservan el derecho a "pedir" a la policía que la realice. La policía debe completar la investigación complementaria solicitada en un mes, con posibilidad de una prórroga de otro mes. El proyecto también permite a la fiscalía solicitar medidas disciplinarias, un traslado o la sustitución de los agentes que no cumplan, y amplía el derecho de las víctimas a impugnar decisiones policiales.

Por qué importa: el capítulo final de una reforma de 20 años

Este proyecto no surgió de la nada. Al ordenar cronológicamente el pulso de dos décadas entre fiscalía y policía por el poder de investigar en Corea del Sur, queda claro en qué punto se sitúa esta votación.

• 2020-2021 (entrada en vigor): una reforma del código de procedimiento penal dio a la policía la potestad de cerrar por sí sola los casos menores y eliminó el poder de los fiscales para dirigir las investigaciones policiales: la primera ruptura con una relación estrictamente jerárquica.
• Septiembre de 2022 (la llamada "eliminación total" del poder investigador de la fiscalía): una reforma de la ley de la fiscalía redujo las categorías de delitos que los fiscales podían investigar directamente, de 6 (corrupción, delitos económicos, delitos de funcionarios públicos, delitos electorales, industria de defensa, catástrofes graves) a 2 (corrupción y delitos económicos).
• Julio de 2026 (esta reforma): el único poder que quedaba —realizar personalmente la investigación complementaria— se rebaja a una simple petición. Los fiscales pierden, en la práctica, cualquier base legal para seguir investigando por su cuenta.
• Entrada en vigor prevista el 2 de octubre de 2026: conforme a una reforma de la ley de organización del gobierno, la propia fiscalía —creada en 1948— se disuelve tras 78 años. En su lugar surgen una Oficina de Fiscalía Pública (PPO), que solo se encarga de la acusación y de mantenerla ante los tribunales, y una Agencia de Investigación de Delitos Graves (SCIA), que asume la investigación de 9 categorías: corrupción, delitos económicos, delitos de funcionarios públicos, delitos electorales, industria de defensa, catástrofes graves, narcotráfico, insurrección/traición y ciberdelitos.

En otras palabras, esta votación no es un hecho aislado: es la última pieza de una reestructuración mucho mayor que convierte a la fiscalía, de órgano investigador, en un órgano puramente acusador.

Lo que dicen las cifras

Poner en cifras cuánto terreno ha perdido la fiscalía —y adónde ha ido realmente ese poder— aclara mucho el panorama.

Al poner una al lado de la otra la parte que se reduce y la que crece, queda clara una sola cosa: el poder del Estado para investigar directamente no desaparece, simplemente cambia de manos, de la fiscalía a una agencia nueva y separada.

Comparar el sistema surcoreano con el de otros países también muestra lo atípico que resulta este cambio.

A diferencia de lo que sostiene el partido gobernante —que "separar investigación y acusación es la tendencia mundial"—, la mayoría de los países europeos siguen dejando a sus fiscalías alguna forma de poder investigador. Por eso mismo, qué significa exactamente el "estándar internacional" es en sí mismo objeto de disputa en este debate.

El punto de fricción: ¿basta con un simple "pedir"?

Sobre el mismo proyecto de ley, las interpretaciones se dividen con fuerza según el bando.

• Gobierno y partido gobernante: el ministro de Justicia, Jung Sung-ho, afirmó que este proyecto "no parece un caso que amerite recomendar un veto presidencial", indicio de que el gobierno no contempla bloquearlo. Su postura es que rebajar ese poder a una simple petición es la última pieza que faltaba para separar de verdad investigación y acusación.
• Oposición (Partido del Poder Popular): el portavoz parlamentario Jung Jum-sik calificó el poder de investigación complementaria como "no un poder de la fiscalía, sino una herramienta para proteger a las víctimas", y exigió que, si se aprueba, el presidente Lee Jae-myung lo vete. Comentaristas conservadores añadieron que así desaparece un contrapeso frente a la policía.
• Ámbito jurídico y sociedad civil: según el diario Kyunghyang Shinmun, en el nuevo sistema de "petición", un policía que haga mal una investigación complementaria podría enfrentar, como mucho, una amonestación o una advertencia, lo que genera dudas sobre su eficacia real. Dentro del propio Partido Democrático se ha señalado que esto nunca fue adoptado formalmente como línea del partido, y se han anunciado audiencias públicas con juristas y organizaciones civiles.

El verdadero punto de fricción, entonces, no es si el poder de la fiscalía debe reducirse, sino si un simple "pedir" puede realmente impedir que la policía haga una investigación complementaria descuidada.

Qué viene después

La variable más inmediata es si el presidente Lee Jae-myung veta o no la ley. Vetarla atraería críticas de que la reforma de la fiscalía ha perdido impulso; no hacerlo implica asumir el rechazo continuado de la oposición y de parte del gremio jurídico. Cualquiera de las dos opciones tiene un coste político real.

La prueba más profunda llega el 2 de octubre. Si la Oficina de Fiscalía Pública y la Agencia de Investigación de Delitos Graves realmente se controlan mutuamente en la práctica —y no solo sobre el papel— solo podrá comprobarse cuando ambas empiecen a tramitar casos reales. En particular, los contrapesos que el Parlamento y la sociedad civil diseñen para la nueva agencia, que asume 9 categorías de delitos (cómo se nombra a su dirección, quién controla su presupuesto y su personal), determinarán si esta reforma queda en la memoria como "menos poder" o simplemente como "poder reubicado".

Este artículo es un análisis propio de nuloq, elaborado a partir de los documentos gubernamentales y parlamentarios y las noticias citadas en "Fuentes", con ayuda de herramientas de IA. Tiene fines meramente informativos, no constituye asesoría legal ni de inversión, y refleja la situación en el momento de su redacción; lo revisaremos y corregiremos si la situación cambia.